Presentación de la obra

El Informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), publicado en 2014, constituye uno de los principales documentos oficiales producidos en el contexto de la justicia de transición brasileña. Creada por la Ley nº 12.528/2011, la CNV tuvo como objetivo investigar y esclarecer graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988, con especial atención al período de la dictadura civil-militar (1964–1985).

La obra presenta fundamentos legales, estructura organizacional, metodologías investigativas y resultados alcanzados a lo largo de dos años y siete meses de trabajo, consolidándose como instrumento institucional de memoria y reparación histórica.

Síntesis del contenido

La reseña destaca el contexto político que involucró la creación de la CNV, especialmente el debate iniciado durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y efectivado en el mandato de la presidenta Dilma Rousseff. La recomendación de creación de la comisión emergió de la 11ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos (2009), siendo posteriormente formalizada por la Ley nº 12.528/2011.

El texto evidencia las tensiones políticas que marcaron el proceso de institucionalización de la CNV, sobre todo las resistencias de sectores militares y los ajustes realizados en el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3), especialmente en cuanto a la terminología utilizada — sustituyendo “apurar” por “examinar” — para evitar cuestionamientos a la Ley de Amnistía (1979).

El Informe final se organiza en tres volúmenes:
El primero presenta fundamentos jurídicos y la descripción de las violaciones;
El segundo analiza impactos en diferentes segmentos sociales;
El tercero reúne perfiles de muertos y desaparecidos políticos, totalizando 434 víctimas reconocidas como responsabilidad del Estado brasileño.
Se destacan, además, las prácticas investigadas: detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Análisis crítico

La lectura evidencia una interpretación consistente del pensamiento de Sérgio Buarque de Holanda, destacando la modernización como proceso lento y contradictorio. La articulación con el Estado Novo permite relacionar herencias coloniales con manifestaciones autoritarias del siglo XX. Se señalan características fascistas en el período varguista, como centralización del poder, cierre del Congreso, censura y represión política.

Consideraciones finales

La obra permanece actual al problematizar la permanencia de estructuras coloniales en la sociedad brasileña. La noción de revolución inconclusa ofrece una clave interpretativa potente para comprender tensiones contemporáneas.

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La instauración de la Comisión Nacional de la Verdad

Es realmente simbólico tomar conciencia de que redacto las líneas de esta breve redacción en la fecha del quincuagésimo séptimo aniversario del golpe de 1964. El noticiario que circuló, desde el alba del día, repercutió el mensaje alusivo al 31 de marzo de aquel año señalado por el recién posesionado Ministro de Defensa, Walter Souza Braga Netto, que dirige, con nostálgicos recuerdos, honores y condecoraciones al lapso temporal en el cual Brasil, con apoyo de determinados sectores y clases sociales, embarcó en una (pseudo-)lucha contra el famigerado y mediático espectro del comunismo.

Es ora cómico, ora trágico, pensar que el apetito de combatir un régimen dicho autoritario terminó por seducir a toda una nación a la ideología de un régimen tan o más autoritario que, marcado por las atrocidades que, por cierto, no cesaron de herir a las innumerables víctimas de este régimen y a las generaciones descendientes. Andréia da Silva Daltoé (2016, p.153) nos afirma inequívocamente que "las dictaduras que marcaron la historia de América Latina a partir de la década del 60 no ocurrieron sin que hubiera un fuerte enfrentamiento contra aquellos que, en nombre de una determinada Seguridad Nacional, prometían ‘defendernos’ de la amenaza del comunismo". Un escopo risible a lo largo de aquella época, falsamente implantado y mediatizado en 1937 por Getúlio y poco viable en la época actual.

Sin embargo, tomaré por evidente la más sensata de las certezas de que las palabras aquí redactadas resonarán en el pensamiento de alguien con buena o alguna instrucción histórica; así siendo, no tengo la más remota intención de narrar los eventos que transcurrieron durante veintiún largos años de nuestra historia reciente.

A pedido de mi ilustre profesora, me propongo únicamente plasmar por escrito comentarios acerca de la creación de nuestra Comisión Nacional de la Verdad (CNV), la cual, en palabras del entonces expresidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, fue creada con el claro objetivo de asegurar el rescate de la memoria y la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el período anteriormente mencionado [1946-1988] (BRASIL, 2014, p. 20). Para alcanzar tal objetivo, me orientaré en los datos traídos en el cuerpo textual del primer capítulo de la primera parte del Informe de la Comisión Nacional de la Verdad (2014), el cual fue finalizado a mediados de diciembre de 2014 y que se encuentra disponible a todos en el sitio web: CNV.MEMORIASREVELADAS.GOV.BR.

Así como se ratifica en el Informe, el debate acerca de la creación, implantación y legalización de la referida comisión se asentó en el pasaje del término del mandato del entonces presidente Lula da Silva al inicio del mandato de la primera mujer presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

En diciembre de 2009, con ocasión de la 11ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos, se reunieron en Brasilia cerca de 1.200 delegados de conferencias estatales, convocadas por la Secretaría de Derechos Humanos en la gestión del ministro Paulo de Tarso Vannuchi, para revisar y actualizar el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH). La conferencia recomendó la creación de la CNV, con la tarea de promover el esclarecimiento público de las violaciones de derechos humanos por agentes del Estado en la represión a los opositores (BRASIL, 2014, p. 20).

Al año siguiente, en una publicación de la BBC en São Paulo, Caio Queiro (2010) afirmó que, aunque el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3), que presentaba las atribuciones de la CNV, "haya sido bien recibido por entidades defensoras de los derechos humanos, la OAB y representantes de víctimas de abusos, las propuestas en relación al período militar causaron un gran malestar en otros sectores, principalmente entre los miembros de las Fuerzas Armadas".

Para atenuar posibles conflictos, Lula fue llevado a realizar ajustes en la propuesta de institución de la comisión presentada por la 11ª Conferencia. Entre esos ajustes, recordemos que el PNDH-3, que debía "apurar" las violaciones de derechos humanos en el período de la dictadura civil-militar como se encaminó en la Conferencia, pasó a usar el término "examinar", buscando así evitar posibles alteraciones y revisiones en la ley de amnistía (ley n° 6.683, sancionada por el presidente João Batista Figueiredo el 28 de agosto de 1979). Habiendo atendido parcialmente los intereses de los militares, el gobierno de Lula llegó a su fin, correspondiendo al nuevo gobierno sancionar la Ley nº 12.528, fruto del acto presidencial del 13 de enero de 2010 que instituyó el grupo de trabajo en el congreso presidido por la entonces secretaria ejecutiva de la Casa Civil, Erenice Guerra.

Dicha ley solo fue sancionada por la presidenta Dilma el 18 de noviembre de 2011. Sin embargo, la instalación de la CNV solo se efectivizó el 16 de mayo del año siguiente, a partir de una ceremonia de instalación de la Comisión de la Verdad que contó con la participación de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello y José Sarney, además de autoridades de los más diversos sectores de la política, de la sociedad civil y, por supuesto, del ejército brasileño. La estructura de dicha comisión fue constituida inicialmente por siete miembros indicados por la entonces presidenta, Dilma Rousseff, a saber: Cláudio Lemos Fonteles, Gilson Lagaro Dipp, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante Filho, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro y Rosa Maria Cardoso da Cunha. Según el Informe, a mediados de 2013, Claudio Lemos Fonteles renunció a su puesto en la Comisión y "su vacante fue ocupada por Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, abogado y profesor titular de derecho internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la USP" (BRASIL, 2014, p. 21). Además de estos siete consejeros, la estructura de la comisión también contó con la participación de un considerable grupo de trabajo formado por secretarios, gestores, comisiones, asesores, investigadores, consultores, oficinas de atención ciudadana, pasantes, entre otras funciones, que debían auxiliar a los consejeros en la investigación.

Según consta en el Informe: "La edición de una ley de acceso a la información de interés público garantizó mayor transparencia a la administración pública, restringiendo la posibilidad de la clasificación de informaciones, lo que benefició el trabajo de la CNV" (BRASIL, 2014, p. 22). Así, la Ley de Acceso a la Información (LAI), sancionada por la presidenta Dilma en 2011, se convirtió en un importante instrumento para la CNV, en la medida en que confirió "base normativa para el tratamiento del vasto repertorio documental sobre la dictadura militar disponible en el Archivo Nacional, del Ministerio de Justicia" (BRASIL, 2014, p. 22). Sin embargo, solo la apreciación de documentos no sería suficiente para alcanzar el objetivo de la CNV, de ahí la necesidad de instalar comisiones de la verdad en todo el país, dado que "la cooperación y el diálogo con esas comisiones de la verdad estaduales, municipales, universitarias, sindicales y de seccionales de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) [...] posibilitó una amplia movilización en torno a los temas relacionados con la memoria, la verdad y la justicia" (BRASIL, 2014, p. 22, [supresión nuestra]). Entre las actividades promovidas por la CNV para cumplir su objetivo, destacamos la realización de audiencias públicas y diligencias en unidades militares donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos, con el fin de mapear e identificar esos lugares, además de producir investigaciones y pericias que evidenciaran las circunstancias de las violaciones a los derechos practicadas por agentes públicos del Estado brasileño.

En la tercera parte del primer volumen del Informe, la CNV relata las prácticas de estos agentes que violaron los derechos humanos, tales como: i. detención (o prisión) ilegal o arbitraria; ii. tortura; iii. ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial, y otras muertes imputadas al Estado; y iv. la desaparición forzada y ocultación de cadáveres. Las actividades de la comisión de la verdad, que duraron dos años y siete meses, originaron tres volúmenes que componen el informe final. En el primer volumen, se encuentran los fundamentos legales, precedentes y demás explicaciones sobre la creación de la CNV, además del listado de violaciones de derechos humanos.

En el segundo, se explicitan las ocurrencias de las violaciones desencadenadas en diferentes sectores de la sociedad (militar, trabajadores urbanos y del campo, iglesias cristianas, comunidades indígenas y universidades). El tercer volumen del Informe presenta perfiles de muertos y desaparecidos políticos. En este último volumen se narran las historias de 434 personas que, por responsabilidad del Estado brasileño, se encuentran muertas y desaparecidas. El 10 de diciembre de 2014, la entonces presidenta Dilma Rousseff, en una ceremonia transmitida por TV Brasil, entregó el informe final de la CNV.